"Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma"
Arthur Miller. Dramaturgo y guionista estadounidense (1915-2005)

24 de abril de 2016

Por la regulación del lobby

Cuando en el siglo XVII en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico comenzó a conformarse lo que con el paso del tiempo pasaría a denominarse “lobby”, nacía una forma de relaciones con la Administración gracias a la cual empresas, patronales y organizaciones sociales de toda índole pueden conseguir políticas favorables a sus legítimos intereses, a través de un acceso directo a los representantes de las administraciones públicas y del poder político, al mismo tiempo que participar en procesos legislativos y administrativos.

Esta actividad totalmente licita y útil en las democracias avanzadas, es en los países de nuestro entorno una actividad empresarial cada vez más implantada que permite a las compañías, organizaciones empresariales y colectivos sociales, formular propuestas de interés colectivo sectorial a los poderes ejecutivo y legislativo de una manera regulada.

Así, por ejemplo, mientras en Europa o Estados Unidos el lobby está sólidamente implantado y ejercido por profesionales especializados en comunicación política o empresarial y donde en Bruselas hay al menos 30.000 profesionales del lobby registrados, en España poco más de un tercio de las empresas del IBEX 35 cuentan con este tipo de profesionales destacados en la capital del UE.

Eso por no hablar de la práctica inexistencia de regulación de lobby en nuestro país, donde cada vez es más imperiosa la necesidad de articular y regular su funcionamiento pues las normas nacionales, pero especialmente las europeas atañen cada vez más a todos los aspectos de las empresas nacionales y multinacionales de sectores tan diversos como el químico, farmacéutico, tecnológico, de la información, agrícola, zoosanitario, de transportes o energético.

Por todo ello es preciso que hoy mejor que mañana, el Parlamento regule su funcionamiento para que tanto las empresas como los ciudadanos puedan conocer con luz y taquígrafos las decisiones que les afectan, así como a las personas que influyen en los legisladores a la hora de la elaboración de las leyes por las que luego nos regiremos.

Todo lo que no sea apostar por la claridad, la información y la transparencia contribuirá a debilitar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en sus representantes, por lo que es muy positivo que organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), haya puesto en marcha un registro voluntario a nivel nacional para que los ciudadanos sepan la relación que tienen los lobbies o grupos de presión con la Comisión.

Igualmente y a la espera de una legislación a nivel nacional, algunas comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón ya están moviéndose para establecer unos primeros registros voluntarios para que todos aquellos lobbies y profesionales de las mismas puedan inscribirse, pues son cada vez más las compañías y organizaciones empresariales españolas que son conscientes de la importancia de contar con expertos encargados de defender sus intereses corporativos y sectoriales ante las administraciones públicas.