"Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma"
Arthur Miller. Dramaturgo y guionista estadounidense (1915-2005)

28 de marzo de 2011

Contra la intervención de la Junta Electoral en la información de campaña

Empezaron con la puesta en funcionamiento de ruedas de prensa sin preguntas, donde los periodistas son simples invitados de piedra, dispuestos a recibir lo que gobierno u oposición quieran darles. Tanto éxito tuvo el invento que han sido imitados después hasta por personajillos del mundo de la telebasura.

Pero como los medios han acudido sin muchas protestas a estos simulacros de comparecencia pública, la clase política se ha envalentonado y ahora quieren avanzar un paso más para que los periodistas sean menos molestos al poder, venga de donde venga y sea del color que sea.

Así, con la última reforma de la Ley Electoral aprobada en 2010 en las Cortes por el Gobierno del PSOE, el PP y otros partidos minoritarios, la Junta Electoral podrá imponer a las emisoras privadas de radio y televisión los criterios que según nuestros políticos, deberán aplicarse a la hora de informar sobre la campaña electoral, siendo las elecciones autonómicas y locales de mayo, la fecha para poner en marcha este ataque directo a la Carta Magna de 1978.

Una Constitución que consagra en su artículo 20 entre otros derechos, el de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, tal y como reza el punto 1.a, mientras que el 1.d habla del derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y el punto 2 dice textualmente que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Esta reforma, que según el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, debería avergonzar a los diputados por amparar semejante atropello, pretende intervenir en la información de campaña disfrazándolo con el argumento de “respetar los principios de pluralismo e igualdad” y “los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa”, lo que en la práctica supone entre otras cosas, que si un medio decide celebrar un debate entre candidatos mayoritarios, deberá ofrecer otros debates a tres o cuatro bandas para compensar al resto de candidatos, aunque no interesen a la audiencia de esa emisora privada. Esto por no hablar del control al que estarán sometidas las noticias electorales en los diferentes informativos de los medios privados.

¿Quién es el Gobierno o el Parlamento para imponer a una emisora privada de radio o televisión, lo que debe o no debe decir o hacer durante una campaña electoral mientras cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución?

Es por ello preciso, que los ciudadanos en primer lugar, muestren su rechazo a esta injerencia en el ámbito profesional privado del periodismo por la vulneración que supone a la libertad de expresión. En segundo lugar, las emisoras afectadas deberían interponer con carácter urgente las correspondientes acciones legales para parar este atropello, y en tercer lugar y no menos importante, que los periodistas de una vez por todas, se planten y lleven a cabo acciones públicas y decididas en defensa de la libertad de información y de expresión no acudiendo por ejemplo, a ruedas de prensa organizadas para autobombo del convocante de turno.

Mientras que en el caso que nos ocupa, si se llega a poner en marcha este disparate contenido en la reformada Ley Electoral, no se debería cubrir directamente el desarrollo de la campaña.

Los periodistas no pueden pasar a ser meros transmisores de una información filtrada y manipulada. No deben dejar de cumplir sus deberes para con la democracia y los ciudadanos, unos deberes que consisten en ser independientes, en informar, en formar opinión y en garantizar el pluralismo.